Después de observar la polémica en torno la nueva Ley de «Seguridad Ciudadana» concluimos tras su análisis que se resume en facilitar a la policía más formas de imponer castigos económicos y años de privación de libertad a quien intente hacer crecer la conciencia social o perturbar de alguna forma la vida de las élites políticas o financieras. Uno de los pilares básicos de esta ley además de recortar la libertad de expresión y acción, es incluir un mayor número de castigos en la vía administrativa (que de esta forma podrán ser aplicados sin más si la policía lo considera oportuno, sin juicios de por medio).
Algunos de los castigos que antes se imponían por delitos o faltas y ahora pasan a ser, en su lenguaje, «sanciones administrativas» o que simplemente aparecen con esta ley son el castigar acciones que falten el respeto a los símbolos del estado o a sus fuerzas represoras, a quien no colabore lo suficiente con éstas, a quien utilice la resistencia pasiva o altere el orden público según su criterio. Incluyendo medidas que siguen avanzando en perjudicar aún más a los trabajadores y trabajadoras que se declaren en huelga.
Para nosotros, que no tenemos impedimento alguno en mostrar nuestra condición de anarquistas con todo lo que eso conlleve, no merecen mayor respeto las anteriores regulaciones del castigo a aquellos que se organicen en contra de la gestión que se está haciendo de sus vidas o simplemente expresen su oposición al respecto.
Esta ley, como se dice en algunos medios de comunicación, se puede considerar una respuesta a la creciente movilización social en contra de la corrupción política y de lo perjudicial de la gestión capitalista para sus vidas. Y, circunstancialmente, puede ser así teniendo en cuenta la cada vez más evidente naturaleza homicida del capitalismo en cualquiera de sus formas. Sin embargo, no es menos cierto que cada nueva ley tiene como objetivo extender el dominio del estado sobre la población y reforzar su papel autoritario, tenga efectos más o menos agradables en apariencia.
No vamos a pasar por alto los mensajes oportunistas que, oponiéndose a la Ley de «Seguridad Ciudadana», prometen una democracia real y califican a la población de ciudadanía falta de amor por los sindicatos reformistas, echando la culpa a la derecha por destapar la corrupción en sus cúpulas. La democracia real solo puede ser democracia directa. Y un sindicato solo empezará a ser útil, para las bases engañadas de los sindicatos mayoritarios en particular y para la clase trabajadora en general, cuando además de asambleario sea horizontal, tenga capacidad de autogestión y no contemple a los profesionales del sindicalismo que no pisan el puesto de trabajo.
Ni tampoco vamos a ignorar que no reconozcan que estado fascista no es solamente el que tiene un gobierno agresivo de derechas, también lo es todo el que consienta que la población sufra el capitalismo.
La Ley de «Seguridad Ciudadana» es una demostración más de la relación fascismo-capitalismo. Algo que ya hemos comprobado con todos los gobiernos anteriores sin excepción.
Esta ley amenaza aún más la economía de quienes luchan, también les acerca a la tortura que supone la privación de libertad y a la impunidad de la policía. Cierto que el ambiente para la movilización empeora. Pero que quede claro, no vamos a dejar de defender lo que es nuestro y no vamos a dejar de luchar por lo que queremos. En peor situación se vieron nuestros abuelos e incluso nuestros padres.
¡Por la dignidad que nos es arrebatada!
¡Porque todo está por hacer!
¡Por la Anarquía!
Frente de Juventud Libertaria de Ciudad Real